Reseña

América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo. Las disparidades
extremas no sólo implican desigualdades económicas que se reflejan en
una estratificación social rígida, sino que, además, en países como Colombia o
Brasil están acompañadas de una movilidad social ascendente bastante escasa
(ocde 2018, 27). Adicionalmente, la desigualdad social de la región también se
manifiesta en la discriminación racial y de género e involucra otros aspectos,
como el lugar de residencia. Estas y otras formas de desigualdad se reflejan en
un aspecto que constituye el tema principal de esta publicación: los reclamos
llevados ante la Justicia y las respuestas que ésta provee.
Al respecto, es importante reconocer que tanto el derecho a la igualdad como
la prohibición de discriminación han sido recogidos por las constituciones de
muchos Estados latinoamericanos. En el contexto del “nuevo constitucionalismo
latinoamericano”, las normas legales en la materia han aumentado considerablemente
durante los últimos 30 años (Nolte y Schilling-Vacaflor 2012).
Estos cambios no son letra muerta gracias a abogados, jueces y activistas de
derechos humanos que han recurrido al discurso jurídico y, en particular, al de
los derechos económicos, sociales y culturales con el propósito de reducir las
diferentes formas de desigualdad a través del Derecho (Ibarra Rojas y Manzo
2018). Esta movilización legal incluye también la reivindicación de los derechos
colectivos y ambientales (Ciesielski et al. 2024).
Pese a las aspiraciones transformadoras del constitucionalismo latinoamericano
(Von Bogdandy 2017 y crítica Coddou McManus 2022), las personas en
situación de pobreza, víctimas de la violencia y del conflicto armado, privadas
de la libertad, pertenecientes a grupos étnicos, migrantes, lgbtiq+, con discapacidades,
así como las mujeres, entre otros grupos, no han cesado de sufrir
diversas formas de marginación en América Latina.
La disparidad entre lo que prescriben las normas en materia de igualdad y
una realidad tan desigual y excluyente ha sido explorada por la academia en otras
latitudes. Así, a principios del siglo xx, la corriente de jurisprudencia sociológica
(sociological jurisprudence) en los Estados Unidos apeló a un estudio del derecho
enfocado en su aplicación y no limitado a sus aspectos formales (Deflem 2006,
109). Más adelante, los estudios críticos del Derecho (critical legal studies) mostraron
que la ampliación de los derechos y el activismo jurídico no habían logrado
superar décadas de continua exclusión de diferentes grupos (Kennedy 2010).
La coexistencia de normas constitucionales que propenden a la inclusión y
desigualdades sociales que parecen irreductibles da cuenta de la ambivalencia
entre el Derecho y la realidad de las sociedades latinoamericanas. Esta ambivalencia
se hace especialmente evidente cuando se analiza la forma en que los
ciudadanos acuden a la Justicia y aquella en que ésta responde a sus reclamos.