Reseña

Desde 2015, Colombia ha recibido aproximadamente 1,800,000 migrantes venezolanos, y 500,000 colombianos que retornaron al país. Este influjo de migrantes representa un cambio abrupto frente a tres décadas de migración neta negativa, caracterizada por migraciones significativas de colombianos a otras latitudes. En medio de este cambio fundamental, las comunidades receptoras han tenido problemas para acomodar esta población migrante, sobrecargando su capacidad de provisión de servicios públicos, y añadiendo tensiones a la frágil cohesión social.

En paralelo, las prioridades del Gobierno Nacional que compiten con la atención a la población migrante (incluyendo la estabilización a lo largo del territorio nacional frente a nuevas y persistentes amenazas de seguridad, o el recrudecimiento de los esfuerzos de interdicción y lucha contra el tráfico de estupefacientes) han limitado los recursos públicos disponibles para la atención de este fenómeno, tanto por parte de las entidades territoriales receptoras municipales medianas y pequeñas, como también en los grandes centros urbanos donde, cada vez más, se concentran números significativos de migrantes.

Estas dificultades se han agudizado por la emergencia provocada por el COVID-19, ya sea por una limitación aún mayor de recursos públicos reorientados en gran parte a responder a la situación y la sobrecarga sobre los sistemas locales y regionales de salud, o por la exacerbación de la xenofobia y la discriminación frente a esta población. Una crisis que, particularmente por la falta de capacidad de respuesta del Gobierno Nacional y los gobiernos locales, representa un peligro fundamental al desarrollo socioeconómico de Colombia, al tiempo que significa la exposición latente y manifiesta de las personas migrantes a múltiples posibles daños en sus derechos fundamentales.

Las comunidades receptoras al interior del país y las zonas fronterizas, donde el influjo y asentamiento de migrantes ha sido importante, han experimentado choques fuetes en sus sectores económicos, educativos y de salud pública, particularmente debido a la vulnerabilidad de la población migrante al COVID-19, dada por sus condiciones de vivienda e ingresos, por la misma situación precaria existente ya desde el momento de salir de sus territorios de origen por la fuerza de una economía en franca crisis y problemas políticos y sociales ligados a esta,, entre otras. En la cotidianidad, también se llegan a presentar choques entre establecidos y migrantes merced a diversas representaciones de unos y otros.

De igual forma, las comunidades receptoras pueden ser trastocadas por a la presencia de actores y economías ilícitas, que amenazan la seguridad ciudadana, y se nutren de la marginalización económica y social de la población migrante, usualmente a través de esquemas de reclutamiento e inmersión en actividades delictivas. Esta realidad también ha impactado negativamente la confianza depositada por la ciudadanía en institucionalidad del Estado, especialmente en comunidades receptoras afectadas por disputas territoriales consecuentes de economías ilegales, e inclusive a nivel nacional.

Además de esta realidad preocupante, se vislumbran una serie de riesgos en el corto y mediano plazo. En primer lugar, el incremento de la xenofobia hacia la población migrante venezolana en comunidades receptoras (i.e., zonas fronterizas y grandes centros urbanos) puede crecer, conduciendo a que autoridades políticas, funcionarios públicos y comunidades sostengan a esta población como chivos expiatorios frente a fenómenos sociales como el desempleo, el crimen y otros males sociales. Lo que implica que, ad portas de un nuevo ciclo de elecciones legislativas y presidenciales en el país, un número importante de candidatos podrían incorporar en sus campañas propuestas y discursos que aludan a restringir la migración, o de manera más preocupante, limitar los derechos de la población migrante, aprovechando un descontento colectivo presente en una parte de la población y como una manera de calmar intereses particulares al respecto.

Así mismo, la crisis económica aguda que atraviesa Colombia –y que por el momento pareciera que perdurará en los próximos trimestres– podrá afectar significativamente la capacidad del sector privado y el mercado laboral para integrar a la población migrante, profundizando condiciones de marginalización económica y social. Estos riesgos, en caso de materializarse, perjudicarían aún más la capacidad del Gobierno Nacional y las entidades estatales para atender las necesidades de la población migrante, y de cambiar sus políticas para proveer protecciones fundamentales para esta población.

Con base en lo anterior, la presente investigación busca aportar a la discusión sobre los mecanismos estatales que existen para atender las crisis migratorias, partiendo de dinámicas y experiencias internacionales para luego abordar la realidad de las migraciones en situaciones de crisis a partir del caso de la migración venezolana hacia Colombia. De esta manera, la investigación busca responder primordialmente a cuestiones sobre el impacto que las políticas regionales, el género, las interacciones cotidianas con el Otro extranjero y las protecciones legales de derechos fundamentales tienen en la capacidad de un país para atender un influjo significativo de población migrante.

Así, se parte de la hipótesis que la capacidad de un país para atender un influjo significativo de población migrante es impactada positivamente por: políticas regionales que coadyuvan la atención prospectiva a los fenómenos migratorios, a través de marcos normativos coherentes y flexibles, articulación interestatal y toma de decisiones oportuna; enfoques de género y esquemas para comprender y atender las violencias basadas en género y el impacto diferencial de la migración y condiciones de marginalización socioeconómica sobre las mujeres migrantes; y, adicionalmente, la garantía legal de los derechos fundamentales para la población migrante, que facilite su integración en las comunidades receptoras y contrarreste imaginarios, discursos y comportamientos xenófobos y discriminatorios, al tiempo que cimienta las posibilidades de una cultura de reconocimiento del otro que sustente la integración en todas las áreas de la cotidianidad de los ciudadanos.

En consecuencia, la investigación busca presentar hallazgos que aporten conocimiento científico para: (i) la discusión sobre políticas y mecanismos regionales para atender fenómenos migratorios; (ii) la construcción de enfoques transversales que deben ser incorporados en una política pública integral y sostenible para atender flujos migratorios y necesidades de poblaciones migrantes y comunidades receptoras; y, (iii) medidas específicas para reducir la xenofobia y discriminación hacia migrantes.
El primer capítulo de esta investigación busca, esencialmente, realizar una contextualización y comparación del estado de las políticas migratorias de los principales bloques de integración económica y política, enfocándose sobre los casos de ASEAN en el sudeste asiático, y Mercosur en Suramérica, y la Unión Europea. Este capítulo, más allá de analizar solamente las políticas migratorias de estos bloques regionales a la luz de su desarrollo histórico y estado actual, brinda perspectivas sobre la capacidad que han ejercido para responder a crisis migratorias agudas, particularmente, la habilidad en adaptarse y ofrecer respuestas a los miles de migrantes que se ven obligados a salir de sus países y que ven en los países miembros de Mercosur, Unión Europea y ASEAN mejores oportunidades para su desarrollo. Los hallazgos de este capítulo son presentados con el propósito que constituyan un referente para desarrollos políticos internacionales y nacionales, y por consiguiente, se deben interpretar en clave de lecciones aprendidas y oportunidades de mejora, extraídas por medio de revisiones documentales y análisis de fuentes secundarias.

Posteriormente, el segundo capítulo de la investigación desglosa el rol que tiene el género en el desarrollo de dinámicas migratorias. El capítulo, por medio de técnicas de revisión documental y análisis de fuentes secundarias, indaga sobre las violencias basadas en género que se desarrollan en el marco de las migraciones, y las dinámicas particulares de discriminación y estigmatización de las que son víctimas las mujeres migrantes, ya sea por parte de la sociedad civil, el sector privado o los medios de comunicación. En un mayor nivel de profundidad, el capítulo también abarca la transversalidad de imaginarios y estereotipos heteronormativos, fundamentados en roles estereotipados de género, en las opiniones y marcos de pensamiento de funcionarios públicos y la ciudadanía en general hacia las mujeres migrantes. Fundamentalmente, los hallazgos de este capítulo son presentados para contribuir al potencial desarrollo de enfoques de género y diferenciales en políticas migratorias y esquemas de atención a población migrante, con el propósito primordial de evitar dinámicas de re-victimización o re-marginalización.

El tercer capítulo de la investigación complementa los análisis anteriores, a partir de un análisis sobre los procesos y dinámicas generado por la presencia de venezolanos en Colombia desde la cotidianidad de las relaciones, y las formas en las cuales se conciben los derechos de la población migrante. De esta manera, el capítulo aborda la presencia de venezolanos en el territorio indagando el potencial de garantía de derechos fundamentales de estas personas en suelo colombiano, tanto desde la cotidianidad del derecho -el cara a cara- como desde su protección institucionalizada, tomando como caso la ciudad de Bogotá. A través de la realización de entrevistas en profundidad a venezolanos y nacionales en Bogotá, la revisión documental y la revisión de fuentes periodísticas –enmarcadas en una mirada de la microsociología del derecho–, el capítulo realiza un análisis fenomenológico que identifica, entre otras cosas, las formas en que se tejen las relaciones con los inmigrantes venezolanos y la manera en que se ven ellos mismos y como son percibidos por los colombianos, para entrar a indagar sobre las significaciones de ese Otro que menguan o potencian su posibilidad como sujeto de derechos en el día a día en territorio colombiano.

Continuando con una perspectiva ética, el cuarto capítulo se centra en el plano legal mediante el análisis de algunas sentencias de la Corte Constitucional sobre garantía de derechos de los migrantes venezolanos, al tiempo que indaga por el papel del Estado como garante de derechos del extranjero y busca reflexionar sobre los dilemas que una situación como la crisis humanitaria venezolana -que necesariamente deriva en migraciones masivas- representan para los Estados receptores. El capítulo se orienta a ver posibles distancias entre las disposiciones legales y la practica de los actores estatales que tienen funciones relacionadas con la garantía de derechos a las personas migrantes.

La presentación de estos hallazgos está orientada a enfocar esquemas de atención a las necesidades socioeconómicas de la población migrante que, simultáneamente, abarquen las vulnerabilidades preexistentes en las comunidades receptoras, disipando fuentes de xenofobia o discriminación institucionalizada y/o estructural y permitiendo que la migración sea vista más en clave de oportunidad que en tono de amenaza.

El presente libro es producto de un ejercicio colaborativo entre varios grupos de investigación en consonancia con los índices de cohesión y de colaboración de Minciencias. Se adscribe al Proyecto de Investigación: INV-EES 2976 de 2019 “Las migraciones en la política internacional en América Latina” de las Facultades de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad y de Derecho financiado por la Universidad Militar Nueva Granada -UMNG- para la vigencia 2019-2020, y al Proyecto de Investigación: “Interpretación judicial y creación normativa: sobre las normas de origen jurisprudencial” de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad la Gran Colombia, resultado de la convocatoria “JULIO CESAR GARCIA” para el fomento de la investigación con pertinencia social de la Universidad La Gran Colombia -UGC- (2018-2019). Grupos de Investigación participantes: “Sociedad, Estrategia y Seguridad”, “Derecho Público” y “Red de Estudios Sociojurídicos Comparados y Política Pública – RESCYPP”, (UMNG) “Derecho Penal Contemporáneo” (UGC) –, en colaboración con el Grupo de Investigación “Red de Política Criminal Extrema Ratio” (Categoría A1 - Colciencias) de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, información que es actualizada hasta el 2021 de acuerdo con los intereses y propósitos de cada capítulo.