Reseña

La Ley 1826 del 2017 introduce el “procedimiento especial abreviado” y la figura el “acusador privado”, adjunto a otros aspectos legales complementarios, con el propósito de impulsar la descongestión del sistema penal acusatorio (Ley 906/2004), el cual evidencia un alto nivel de impunidad. Transcurrido un año de su promulgación, el Ministerio de Justicia y del Derecho3– impulsador original de la norma –, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales y el Instituto de Estudios del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación4, realizaron un ejercicio investigativo de evaluación, con el fin de establecer los alcances y la pertinencia de la iniciativa. Es en ese contexto que se realizó una revisión del estado del arte sobre el funcionamiento del sistema penal acusatorio, así como de algunas figuras nacionales e internacionales relacionadas con la Ley 1826/2017, acompañada de un relato puntual sobre la esencia de la norma analizada, y sobre los alcances de la metodología empleada en el desarrollo del presente ejercicio. Finalmente, se implementa un análisis sobre los resultados obtenidos en el proceso de recolección de información de campo, y se hacen algunas recomendaciones y propuestas, como punto de partida de futuros debates, evidenciándose los limitados avances que la Ley 1826/2017 ha aportado en materia de descongestión, producto de una combinación entre dificultades propias del sistema penal acusatorio, y de aspectos deficientes de la Ley.